Rafael Fuentes.

El PSOE ha denunciado que de las 229 obras con contratos menores que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga en los distritos de Churriana y Campanillas, desde 2006 a 2008, el ochenta por ciento se concentran en cuatro empresas, mientras que el Consistorio ha replicado que “hay una distribución proporcionada”.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Fuentes, ha explicado que las obras adjudicadas a estas cuatro empresas suponen una inversión de casi 4,7 millones de euros y ha resaltado que 77 de esas adjudicaciones “rozan” los 30.000 euros máximos para ser considerados contratos menores”.
Las cuatro empresas que ha denunciado el PSOE son “Conformas”, con 55 adjudicaciones “a dedo” que suponen 1,2 millones de euros; “Excavaciones Montosa”, 43 obras por un millón; “Green Sur”, con 43 contratos menores por 915.000 euros, y un empresario autónomo que fue consejero político del PP en el citado distrito de Campanillas, con veinticinco contrataciones por 605.000 euros.

Dos concejales del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Almogía acudieron a declarar ante la Guardia Civil por las presuntas irregularidades urbanísticas que se investigan en dicha población.
Ambos, tras declarar en presencia de sus abogados, salieron como imputados por el delito de prevaricación. Durante la tarde comparecieron otros dos funcionarios.

La tasa de paro en la provincia de Málaga durante el tercer trimestre de este año se redujo en 4,49 puntos respecto al segundo trimestre, situándose el número de desempleados en 173.900, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de paro pasa del 27,63 por ciento a situarse en el 23,14 por ciento de la población activa.
Según esta misma encuesta la tasa de actividad en la provincia de Málaga se sitúa en el 57,81 por ciento, con una población ocupada de 577.400 personas, dos puntos menos que en el trimestre anterior.

El alcalde de Almogía, el socialista Cristóbal Torreblanca, imputado en la investigación judicial sobre presuntas irregularidades urbanísticas, ha quedado en libertad con cargos tras prestar declaración ante la Guardia Civil.
La declaración del también diputado provincial se ha prolongado durante más de tres horas y tras ella ha quedado en libertad con cargos hasta que comparezca ante la juez instructora de la operación denominada “Almexía”.
Como se recordará, Cristóbal Torreblanca comunicó el pasado martes día 20 a la dirección del PSOE en Málaga que si era imputado, renunciaría a la Alcaldía, en la que lleva 26 años, así como a su acta de concejal, y que se daría de baja en las filas socialistas.

Bonilla repetirá en Vélez.

El comité electoral del Partido Popular (PP) de Málaga ha optado por la continuidad a la hora de designar a sus candidatos a las alcaldías de los municipios con más de 25.000 habitantes, ubicados en la franja costera.
Repiten todos los cabezas de lista de las últimas elecciones municipales. Así, el comité ha propuesto a Pedro Fernández Montes como candidato por Torremolinos; Esperanza Oña, por Fuengirola; Enrique Moya, por Benalmádena; Joaquín Villanova, por Alhaurín de la Torre; Ángel Nozal, por Mijas; Francisco Salado, por Rincón de la Victoria; y Francisco Delgado Bonilla, como candidato a la alcaldía de Vélez-Málaga.

Los hoteles de la provincia de Málaga hospedaron durante el pasado mes de septiembre un total de 428.147 viajeros (-18,4%), que generaron 1.675.188 pernoctaciones, lo que supone un descenso del 10,6 por ciento en relación al mismo mes del año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En septiembre, los establecimientos hoteleros de Málaga hospedaron a 192.924 viajeros residentes en España (-13,6%), y 235.223 residentes en el extranjero (-22%).
En términos absolutos, las noches hoteleras se redujeron en 199.451 respecto al mismo mes de 2008, de forma más acusada en el caso de los viajeros extranjeros, que sumaron 1.092.620 pernoctaciones (-12,5%), mientras que los residentes en España generaron 582.568 (-6,8%).

Otros tres imputados en la investigación relacionada con la política urbanística en Almogía han quedado en libertad con cargos tras declarar ante la Guardia Civil, entre ellos un segundo policía local, un ex secretario del Ayuntamiento y un familiar del otro agente imputado.
A pesar del secreto de las actuaciones, se ha sabido que, al parecer, estas tres personas han quedado en igual situación que los dos que comparecieron en la jornada del miércoles día 21.
En esta operación judicial, denominada “Almexia” y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, han sido imputadas una veintena de personas tras un primer examen de la documentación incautada en el registro el pasado martes día 20 de las dependencias municipales.

Sesión plenaria de la Cámara.

Los diputados del Partido Popular (PP) han abandonado durante unos minutos el salón de plenos del Parlamento andaluz después de que la portavoz popular, Esperanza Oña, se enzarzara con la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, en una discusión sobre los turnos de palabra en una pregunta relacionada con el caso “Astapa”.
En el desarrollo de la habitual sesión de control al Gobierno, Oña formuló una pregunta sobre la citada operación policial Astapa, indicando que, según el sumario, una diputada de la Mesa del Parlamento, cuyo nombre no mencionó, mantuvo conversaciones con el ex alcalde de ese municipio, Antonio Barrientos.

Vista parcial de Almogía.

Una funcionaria del Ayuntamiento de Almogía ha quedado en libertad sin cargos y un policía local, también en libertad pero con cargos, tras declarar ante la Guardia Civil como imputados en la investigación judicial abierta por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión urbanística municipal.
Está prevista la toma de manifestación a otras tres personas para la jornada del jueves, ya que algunas de las citadas no han podido acudir a la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga por diversas razones.
Los dos imputados en esta investigación que han pasado ya por la Guardia Civil han quedado pendientes de que la jueza instructora del caso decida sobre su situación.