Luis Pizarro.

El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, ha declarado que justificar una dimisión, como hizo el hasta ahora alcalde de Carratraca, Óscar Román, de Izquierda Unida (IU), en el hecho de no querer aplicar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) “no es una decisión correcta ni de recibo”. Por lo que ha demandado a los partidos políticos con representación en este Ayuntamiento que “sean responsables y resuelvan el problema planteado buscando la normalización y la gobernabilidad” del municipio.
El también vicesecretario general de los socialistas andaluces consideró que “habrá motivaciones políticas o personales” que justifiquen esa dimisión, ya que “cuando uno se presenta a las elecciones y los ciudadanos le votan, hay que ser consecuente con la decisión de ser responsable político de un ayuntamiento”.

Panorámica de Alcaucín.

El sumario del caso “Arcos” contra la corrupción urbanística en Alcaucín apunta a la existencia de una “red de corrupción político-empresarial” más que a “unos meros ilícitos relacionados con la ordenación del territorio” aunque los hechos tengan su origen en asuntos vinculados al urbanismo.
Esta es la conclusión de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se ha conocido al levantarse parcialmente el secreto sumarial. Los investigadores pensaban, ya en septiembre de 2008 que, que de resultar ciertas las informaciones de las que disponían, el entonces alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín, “se habría enriquecido a cambio de permitir determinados actos”.
Martín, elegido bajo las siglas del PSOE, fue detenido el 27 de febrero de 2009 por este caso; acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental; se ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza; dimitió del cargo y en junio pasado quedó en libertad bajo fianza de 120.000 euros.
El citado informe del Grupo contra la Delincuencia Urbanística de la UCO señala respecto al ex alcalde que el “enriquecimiento también habría alcanzado a sus familiares más directos (concretamente, a sus hijas)” y que las “irregularidades habrían generado pingües beneficios a personas y empresas que habrían negociado” con él.
Los investigadores indican en su informe que “las informaciones recibidas, procedentes de varias fuentes, coinciden en señalar como principal beneficiario de la supuesta trama de corrupción” a José Manuel Martín”. Y añaden que “todo apunta a que existen evidentes conexiones” entre él y “empresarios del sector inmobiliario que actúan en la localidad realizando operaciones urbanísticas, presuntamente al margen de la legalidad, en base a las que el alcalde podría haber recibido compensaciones personales que habrían engrosado su patrimonio”.