Panorámica de Alcaucín.

El sumario del caso “Arcos” contra la corrupción urbanística en Alcaucín apunta a la existencia de una “red de corrupción político-empresarial” más que a “unos meros ilícitos relacionados con la ordenación del territorio” aunque los hechos tengan su origen en asuntos vinculados al urbanismo.
Esta es la conclusión de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se ha conocido al levantarse parcialmente el secreto sumarial. Los investigadores pensaban, ya en septiembre de 2008 que, que de resultar ciertas las informaciones de las que disponían, el entonces alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín, “se habría enriquecido a cambio de permitir determinados actos”.
Martín, elegido bajo las siglas del PSOE, fue detenido el 27 de febrero de 2009 por este caso; acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental; se ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza; dimitió del cargo y en junio pasado quedó en libertad bajo fianza de 120.000 euros.
El citado informe del Grupo contra la Delincuencia Urbanística de la UCO señala respecto al ex alcalde que el “enriquecimiento también habría alcanzado a sus familiares más directos (concretamente, a sus hijas)” y que las “irregularidades habrían generado pingües beneficios a personas y empresas que habrían negociado” con él.
Los investigadores indican en su informe que “las informaciones recibidas, procedentes de varias fuentes, coinciden en señalar como principal beneficiario de la supuesta trama de corrupción” a José Manuel Martín”. Y añaden que “todo apunta a que existen evidentes conexiones” entre él y “empresarios del sector inmobiliario que actúan en la localidad realizando operaciones urbanísticas, presuntamente al margen de la legalidad, en base a las que el alcalde podría haber recibido compensaciones personales que habrían engrosado su patrimonio”.
En el amplio informe, también se señala que “para ocultar estas compensaciones, parece ser que estaría empleando a su entorno familiar más próximo”. Se precisa que “tales actividades, supuestamente ilícitas, consistirían principalmente en facilitar a constructoras la edificación, unas veces en terrenos sin la adecuada clasificación” y otras “la modificación del planeamiento al antojo de las mismas, de modo que se obtenga mayor cuota de edificabilidad de la permitida, alterando los parámetros que rigen en las normas subsidiarias”.
El informe añade que todo ello iba “encaminado a que tales empresas obtengan el mayor beneficio posible”. “Al parecer, en otras ocasiones también habría utilizado sus facultades como alcalde para, por medio de certificados falsos, permitir reparcelaciones de terrenos agrícolas para posteriormente otorgar licencias de obra para la construcción de viviendas claramente desvinculadas del uso agrario o bien facilitar construcciones en terrenos rústicos”, según el sumario.
También se recoge que “el alcalde habría realizado lo que podrían calificarse de intentos por maquillar o regularizar las situaciones irregulares previamente creadas por las construcciones”. Con las iniciales investigaciones se apunta que “el alcalde podría haber recibido contraprestaciones de tipo económico por permitir que algunos constructores/promotores vulneraran en su propio beneficio las normas urbanísticas del municipio”. Se explica que Martín “no se habría limitado a obviar tales infracciones, sino que más bien habría participado activamente en las mismas, aprovechándose de su cargo, facilitando la cobertura documental que se precisa para vulnerar controles extramunicipales establecidos (instancias autonómicas, notariales, registrales, judiciales, etc.)”.
En el sumario ahora conocido parcialmente, se señala, por ejemplo, que el ex alcalde de Alcaucín habría comprado una finca por 23.200 euros, dinero que le fue devuelto en efectivo una vez finalizada la adquisición. La contraprestación que hubiera realizado Martín Alba a cambio del dinero “posiblemente consiste en la firma de varios convenios urbanísticos entre el Ayuntamiento de Alcaucín y las mercantiles Promociones Inmobiliarias Alta Axarquía S.L., Velaxarco S.L. y Mirador de la Axarquía S.L. para la reclasificación de terrenos de su propiedad”.
Según se recoge en el sumario, en las cuentas pertenecientes a Martín Alba se observan numerosos ingresos de dinero en efectivo cuya procedencia está “sin justificar”, ascendiendo hasta los 127.950,89 euros, con lo que el entonces alcalde “obtiene ingresos ajenos a su sueldo de regidor que pudieran ser productos de comisiones presuntamente ilegales de delitos por los que fue imputado”.
En el sumario también se recoge que entre el 22 de septiembre y el 29 de diciembre de 2001 Martín Alba acudió con frecuencia a una entidad financiera para cambiar pesetas a euros, hasta alcanzar los 38.017 euros (6,3 millones de pesetas).
Por otra parte, de la documentación ahora conocida se desprende que el entonces alcalde habría recibido de una promotora, a través de la sociedad Alcaucín Building, de la que son socias sus dos hijas, 23.584,3 euros, como “compensación al trato de favor prestado a la promotora, consistiendo en numerosas irregularidades urbanísticas, varias de ellas de carácter grave, cometidas por la misma en el término municipal.
En la parte del sumario ahora desvelada, también llama la atención que dos promotoras abonaron en dos ejercicios fiscales al bar de las hijas del ex alcalde un total de 23.000 euros, una cantidad superior a la que gastaron en cenas y fiestas, según varios testigos. Estos testigos coinciden en que conocían la celebración de varias fiestas y consumiciones que dichas empresas abonaron a la sociedad Alcaucín Building, S.L., propiedad de las hijas del ex alcalde y que explotaba el Hotel Romero, aunque “el coste que suponen a éstas en conjunto es inferior” a la cantidad abonada, según se desprende del sumario.
Como se recordará, la trama del denominado “caso Arcos” contra la corrupción urbanística en Alcaucín, con una veintena de imputados, llevó a prisión al hasta entonces alcalde del PSOE José Manuel Martín Alba, y al que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora. Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, que abandonó tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza. La operación destapó una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la Axarquía.