Banana Beach.

La Comisión de Ordenación del Territorio y de Urbanismo de Andalucía ha aprobado definitivamente el PGOU de Marbella, que regirá durante ocho años y que, según la Junta y el Ayuntamiento, supone la “vuelta” de la ciudad a la normalidad y legalidad urbanística tras 24 años sin un plan.
El documento ha sido aprobado por el conjunto de los miembros de la Comisión con la única abstención de Ecologistas en Acción, por lo que sale respaldado por la mayoría de los agentes económicos, sociales y políticos.
Marbella obtiene de esta forma su primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 24 años con el que “recupera” la normalidad y la legalidad urbanística, la seguridad jurídica y la credibilidad en las instituciones. Así lo han destacado el consejero de Vivienda, Juan Espadas, y la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha recordado que Marbella se convierte así en la primera ciudad del litoral andaluz con más de 100.000 habitantes en disponer de un planeamiento urbanístico adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
El PGOU de Marbella es fruto del intenso y complicado trabajo de colaboración y diálogo entre los equipos de la Consejería de Vivienda y el Ayuntamiento, y tiene como criterios prioritarios defender el intereses general, garantizar la seguridad jurídica y planificar la ciudad después del “tortuoso” proceso provocado por los anteriores gobiernos de Jesús Gil o Julián Muñoz, según ha manifestado el consejero.
Este proceso, con varias causas judiciales pendientes, supuso hace pocos años la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento y su posterior disolución. Durante ese periodo se construyeron unas 18.000 viviendas ilegales en Marbella a las que el nuevo PGOU deberá hacer frente con distintas soluciones. Según la alcaldesa, unas 16.500 de esas viviendas serán “normalizadas” mediante distintos tipos de compensaciones al municipio según el grado de “tropelía”, mientras otras 1.100 sin habitar o en estructura se quedan fuera de la normalización. Para el resto, unas 500, se buscará una solución, entre ellas para la urbanización Banana Beach, habitada y con una sentencia firme sobre la nulidad de su licencia de construcción. Además, se estudiará la situación y la permanencia de otro grupo de 30 o 40 casas construidas en el litoral marbellí.
“El PGOU no decide derribos, el Plan dice cual es el modelo de ordenación de la ciudad y en qué medida lo existente se adapta al modelo y por tanto se puede normalizar con sus compensaciones correspondientes. Los derribos los deciden los jueces en base al planeamiento”, ha dicho Espadas.
El plan está ajustado a los criterios de crecimiento poblacional y suelo, de manera que prevé la incorporación al parque residencial de 26.477 nuevas viviendas, de las que 9.459 serán VPO, lo que supone el 70% de la oferta registrada en la provincia de Málaga; un incremento del 16,7% del suelo urbanizable y un aumento poblacional de 40.193 habitantes.