Salomé Arroyo.

Un centenar de parados de Vélez-Málaga recibirán una prestación económica de 400 euros a cambio de un trabajo en beneficio de la comunidad en los ámbitos de la Ley de Dependencia y el mantenimiento urbano.
La alcaldesa, María Salomé Arroyo, la concejala de Acción Social y Familia, Carmen García, y el delegado de Emvipsa, Salvador Marín, han asistido al acto de presentación de los primeros 100 beneficiarios del programa denominado Renta Básica Municipal.
Carmen García ha explicado que la iniciativa se ha querido comenzar con los demandantes que tenían cargas familiares, aunque ha anunciado que el Consistorio trabajará para llegar al total de solicitantes, unos seiscientos.
Estas personas realizarán un curso de prevención de riesgos laborales y serán contratadas por tres horas diarias durante seis meses, periodo de tiempo en el que cotizarán a la Seguridad Social. En principio, se había planteado la Renta Básica como una especie de beca, pero sus responsables han optado finalmente por que los beneficiarios cuenten con un contrato laboral, lo que ha obligado también a reducir el número inicial de usuarios de 180 personas a 100.

La segunda jornada de huelga en la construcción en Andalucía ha tenido un seguimiento mayor que en la antior, del 95 por ciento, según los sindicatos, que han anunciado que, si no se llega a un acuerdo antes del final de los días de paro convocados, las “movilizaciones se radicalizarán”.
En un comunicado FECOMA-CCOO y MCA-UGT han cifrado el paro del jueves día 4 en un 95 por ciento en Andalucía, excepto en Huelva donde no se realizó la convocatoria.
Según los convocantes, a pesar del “éxito” de este segundo día, los piquetes informativos han vuelto a encontrar obras en las que “los trabajadores han decidido acudir al tajo debido a los presiones de los empresarios”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado inadmisible la demanda presentada en octubre de 2006 por el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM) para continuar la lucha por la segregación del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Los independentistas recurrieron a Estrasburgo tras los pronunciamientos negativos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.