Fernández España.

El presidente de la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde), dependiente de la Diputación Provincial, Francisco Fernández España, ha asegurado que “todas las contrataciones realizadas a través de la empresa pública se ajustan a la legalidad”, en respuesta a las acusaciones vertidas por el Partido Popular (PP) que denunciaban la existencia de irregularidades en la contratación de personal.
“Es absolutamente falso el contenido de esta denuncia, una vez más el portavoz del PP, Francisco Salado, demuestra su desconocimiento del funcionamiento de la Diputación; en este caso, no conociendo los procedimientos de contratación de la Sopde, que es una empresa sujeta a la Ley de Sociedades Anónimas, con un régimen mercantil”, dijo Fernández España.
En este sentido, señaló que para las contrataciones de personal se sigue, en todo momento, el procedimiento establecido de manera pública y notoria. “Los contratos de trabajo al servicio de empresas públicas se rigen en su totalidad por las mismas reglas que los contratos de trabajo de empresas privadas”, indicó el responsable de la Sopde.

Salado y Bernal.

El secretario general del Partido Popular (PP) de Málaga, Francisco Salado, ha denunciado que la Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE) ha realizado hasta 36 contratos irregulares desde 2005 a 2009. Según el dirigente popular estos contratos se han realizado de una forma “totalmente subjetiva”, ya que SOPDE no ha realizado ninguna oferta pública de empleo pese a que está obligado a ello.
Salado ha explicado que tras haber transcurrido un plazo superior al que establece la ley, el PP ha podido tener acceso a los expedientes de los contratos de personal realizados en estos cuatro años. El popular ha asegurado que “en ninguno” de los expedientes consta que se haya efectuado alguna convocatoria pública o de selección de personal. En este sentido, Salado ha asegurado que en todos los casos los procesos de selección “o no existen, o son meras notas interiores que recomiendan la contratación o renovación de una persona”.
El secretario general ha recordado que existe un informe de una asesoría jurídica externa contrario a la renovación de los contratos temporales de más de dos años y que “claramente” SOPDE no lo ha tenido en cuenta. Salado ha explicado que cuando algunas personas trabajaban más de dos años, se convertían “automáticamente” en indefinidos si tenían una carta de recomendación. A otras en cambio se les acababa el contrato, “existiendo claramente un criterio arbitrario a la hora de decidir quien continuaba en la empresa o no”, ha añadido Salado. Además, consta que en algunos casos el representante sindical se negaba a firmar la conversión del contrato en indefinido.

La dirección de Unicaja ha trasladado a sus empleados una nota en la que sostiene que el ahorro de costes equivalente a 1.224 puestos de trabajo, 988 de ellos en CajaSur, es “irrenunciable” e “innegociable” y señala que no tiene sentido continuar las conversaciones con los sindicatos hasta que no lo reconozcan así.
Unicaja considera que los estudios económicos realizados para facilitar la fusión entre Unicaja y CajaSur plantean como objetivo “irrenunciable” e “innegociable” alcanzar un ahorro de costes equivalente a 1.224 puestos, 988 en Cajasur y 236 en Unicaja, estos últimos correspondientes a las bajas “vegetativas” y “negociables” ya previstas en los planes de la entidad malagueña previos a la fusión.
“No tendría mucho sentido continuar con las conversaciones sobre el acuerdo laboral de fusión hasta que los sindicatos no reconozcan la necesidad de estos ahorros de costes, en especial en Cajasur”, sostiene la dirección de Unicaja en el citado documento. Lo contrario supondría querer poner en marcha un proceso que podría hacer peligrar puestos de trabajo en Unicaja, posibilidad “absolutamente descartada por los órganos de dirección de esta empresa, y que esperamos sea también rechazada desde la responsabilidad sindical.