Juan Millán.

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha dejado visto para sentencia el juicio contra Juan Millán, alcalde socialista de La Viñuela, para el que el fiscal pide dos años de prisión y 17 de inhabilitación por dar tres licencias para viviendas aisladas en suelo no urbanizable de especial protección del embalse de La Viñuela y presuntamente sin hacer los trámites necesarios en los expedientes.
En la vista oral Millán reconoció que él era el que decidía sobre la concesión de licencias, aunque aseguró que no tenía conocimientos técnicos sobre urbanismo, y explicó que creía que estaba actuando “correctamente” y que “todo el mundo era consciente” de lo que se estaba construyendo “porque las casas no salen de un día para otro”.
El regidor también señaló que “siempre que no fuera una licencia para construir en suelo protegido se concedía” y admitió que no miraba los informes del secretario, si los había, puesto que en ese momento el Ayuntamiento no tenía técnicos y dicho funcionario iba “unas horas”.
Por su parte, el fiscal mantuvo sus conclusiones iniciales, en las que se acusa al alcalde de dos delitos de prevaricación, uno continuado, e indica que éste concedió las tres licencias, dos en 2001 y una en 2003, “de forma consciente y a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección del embalse de La Viñuela”, según las normas urbanísticas aplicables en ese momento.
El fiscal dijo que los permisos se dieron “por la propia voluntad del alcalde” y, aunque reconoció que hay casos similares en numerosos municipios no es excusa, pues “el hecho de que se esté cometiendo una ilegalidad no significa que se siga cometiendo”.
El abogado defensor de Millán se refirió al “caos normativo” y de normas “en continua modificación”, añadiendo que “la Junta construye según éstas y deniega según las mismas”, aunque aseguró que “La Viñuela no es Marbella, ni su alcalde es Roca o Gil, ni el embalse es Puerto Banús”.
Además, el letrado dijo que “en todo caso” se trataría de un ilícito administrativo, puesto que no se dan los requisitos para un delito, y consideró que los alcaldes de la Axarquía son “cabezas de turco” de esta situación urbanística que, consideró, “una cuestión de Estado”.