El alcalde de Canillas de Albaida, el popular Antonio Gregorio Díaz, ha reconocido ante el juez que concedió la licencia de obras para una vivienda en suelo no urbanizable a sabiendas de que faltaban informes técnicos, aunque ha insistido en que tenía “confianza y seguridad de que era legalizable”.
Díaz, que ha comparecido en calidad de imputado por un supuesto delito de prevaricación urbanística, ha indicado que tenía que haber concedido la licencia cuando los técnicos se lo hubiesen dicho aunque ha señalado que no pensaba que estuviese cometiendo un delito.
El alcalde ha recalcado durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, que concedió dicha licencia debido a la insistencia del propietario de los terrenos y que lo hizo de “buena fe” sin saber que era un delito, ya que “era una vivienda destinada a explotación agraria”.
El ministerio público ha solicitado para el acusado siete años de inhabilitación para empleo o cargo público además de una multa de quince meses con una cuota diaria de 30 euros.
La defensa pidió una sentencia absolutoria, al entender que su cliente no informó sobre nada y no existe una intencionalidad específica, por tanto, no se cumplen los requisitos del delito contra la ordenación del territorio. Además, insistió en que no puede entrar la jurisdicción penal en este caso, más cuando existe un procedimiento administrativo para “dar solución” a esta cuestión. “Se requiere que la actuación o la resolución sea de forma patente y grosera contraria a las normas para que sea un proceso penal, más cuando existe una vía administrativa, y éste no es el caso”, concluyó la defensa.
Según el fiscal, en 2006 el propietario de unos terrenos y un constructor edificaron una vivienda unifamiliar aislada en un terreno no urbanizable y presentaron la solicitud de licencia de obras al consistorio. La solicitud se realizó supuestamente sin el preceptivo proyecto técnico ni el de actuación, pero se le concedió la licencia por decreto del alcalde en noviembre de 2004.