Espadas en unas jornadas.

La eurodiputada británica Marta Andreasen, del Grupo de la Europa de la Libertad y la Democracia, ha manifestado que “el Gobierno español o resuelve el problema de las irregularidades urbanísticas o se podrían bloquear parte de los fondos europeos destinados a las regiones afectadas”.
Andreasen, que ha participado en Málaga en una manifestación contra los Abusos Urbanísticos en Andalucía, ha anunciado que está solicitando un debate a nivel del Parlamento Europeo así como una resolución para que el Gobierno “tome cartas en el asunto” y resuelva el problema de manera expeditiva. “Parte de los fondos europeos destinados a las regiones españolas en las que hay irregularidades urbanísticas se podían bloquear hasta que el Gobierno solucione los problemas”, ha sentenciado la eurodiputada británica.
También ha señalado que en España hay 400.000 familias, entre extranjeros y españoles, “perjudicadas, porque tienen amenazas o directamente órdenes de demolición de sus casas con la excusa de que están construidas en terreno ilegal”. Andreasen ha pedido que “la aplicación de cualquier ley no se haga de forma retroactiva si no que se considere lo que está construido, se legalice y que a partir del momento en el que se resuelva la situación se aplique la Legislación como se tiene que aplicar”.
En la manifestación, organizada por la asociación de extranjeros “Save our Homes Axarquía”, han participado más de 300 personas afectadas, que han pedido a la Junta de Andalucía que no se emitan nuevas órdenes de demolición de casas, que se pague una compensación razonable en los casos en los que exista la necesidad de un derribo de vivienda y que comience el proceso de legalización.

Presentación de la Convenión.

La I Convención Provincial del Partido Popular (PP) de Málaga donde los populares “rendirán cuentas” a sus afiliados y militantes de la gestión realizada, tendrá lugar el sábado día 20 en Antequera. La convención es un órgano consultivo y de asesoramiento obligatorio que se celebra una vez al año.
Con el lema “el centro del cambio” los portavoces del PP en la Diputación provincial, Francisco Salado; en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña; en el Congreso de los Diputados, Celia Villalobos; y en el Senado, Joaquín Ramírez; expondrán un informe sobre su gestión y trabajo de fiscalización de las actuaciones del Gobierno desde la oposición, a los alrededor de 700 delegados que representarán a los 101 municipios de la provincia de Málaga.
El presidente provincial popular, Elías Bendodo, ha destacado que la Convención Provincial es un órgano de acercamiento al ciudadano y a los afiliados, una “herramienta útil” para que los ciudadanos “sean los que nos ayuden a dirigir nuestro trabajo”.

La consejera defendió la nueva ley.

El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso de la Muerte, una norma que tiene por objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona en la última fase de su vida y respaldar la labor de los profesionales, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar respecto a este proceso.
Con esta ley, Andalucía se convierte en la primera comunidad del Estado en garantizar la protección de la dignidad de la persona en los últimos momentos de su vida y en asegurar la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad, incluyendo la manifestada de forma anticipada en su testamento vital. Este derecho, además, viene recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
El texto normativo, que será de obligado cumplimiento tanto para las instituciones sanitarias públicas como para las privadas, se divide en cinco títulos y 33 artículos, a los que se suman ocho disposiciones adicionales y finales.
Entre los derechos reconocidos se encuentra el de recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones.

Martín Serón.

El responsable de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha solicitado una pena de cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación para el alcalde de Alhaurín el Grande, el popular Juan Martín Serón, como presunto autor de cinco delitos de cohecho y otro de prevaricación, encuadrados dentro de la denominada “Operación Troya”.
En el escrito de calificación, el fiscal afirma que el regidor cobró 238.785 euros de varios promotores con intereses de la localidad a cambio de la concesión de licencias de obra ilegales. Según el ministerio público, Martín Serón recibió estos pagos a través de su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, considerado el presunto cerebro de la trama, para el que se pide una pena de cinco años y medio de cárcel por once delitos de cohecho y otros dos años por un delito continuado contra la ordenación del territorio consistente en la concesión de 14 licencias contrarias al ordenamiento urbanístico vigente.